Como “silencio vergonzoso” califican defensores de DD.HH. posición de las autoridades frente a recrudecimiento de violencia en Antioquia

En las últimas semanas Antioquia ha sido noticia nacional, y no precisamente por temas positivos, los múltiples desplazamientos en Ituango, Anorí, Peque y Cáceres, las intimidaciones a la población civil en Segovia, El Bagre y Urabá y los homicidios en diferentes municipios, hacen pensar en un recrudecimiento del conflicto armado en el departamento, sin embargo, ante este desalentador panorama las autoridades guardan silencio.

Desplazamiento en Ituango

863 personas salieron por temor a los grupos armados Pobladores de 12 veredas se refugian en el casco urbano del municipio debido a las amenazas de muerte. Organizaciones sociales denunciaron la difícil situación de violencia que atraviesan en la zona, en los últimos días dos jóvenes fueron asesinados y cuatro personas más resultaron heridos.

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Guerra en el Bajo Cauca

Cercadas y sin alimento se encuentran unas 231 familias indígenas del municipio de Cáceres, según la Organización Indígena de Antioquia, las comunidades se encuentran confinadas debido a los enfrentamientos que se reportan en la zona entre grupos armados ilegales. Estos grupos les han prohibido salir para pescar o recoger los alimentos que cultivan, por lo que piden la intervención urgente de las autoridades.

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También, en los últimos días, una incursión armada dejó una persona muerta, un herido y un desaparecido en Cáceres, cuando medio centenar de hombres, presuntamente pertenecientes al Clan del Golfo, intimidaron a la población y marcaron las casas con la sigla AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

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Indígenas en medio de minas antipersona en Murindó

Un niño indígena de 13 años de edad, que hace parte del pueblo Embera Eyábida,  perdió una pierna cuando cayó en una de las minas antipersona que vienen siendo instaladas en los Resguardos Río Murindó y Río Chageradó, por integrantes del ELN, quienes desde enero, anunciaron, el peligro que correrían las comunidades si no permanecían confinadas en sus tambos.

La Organización Indígena de Antioquia OIA y diferentes medios de comunicación como 2020Noticias, ya habían denunciado esta situación frente a las autoridades y la opinión pública y no se emprendieron acciones para frenar dicha tragedia, que hoy amenaza con recrudecerse.  

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Intimidaciones en Segovia, Urabá y El bagre

Las denominadas AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, amenazaron a la Mesa Minera, los llamados transportes informales “puerta a puerta” y varias compras de oro a través de un panfleto.

En el Urabá antioqueño, cuatro municipios, tres corregimientos y 12 barrios aparecen en el listado donde amenazan, a través de una cadena de WhatsApp, con asesinar a 120 personas el lunes primero de marzo.

Hoy El Bagre amaneció con un vehículo incinerado y las casas pintadas con siglas de grupos armados ilegales.

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Desplazamientos y homicidios en Peque

Dos mujeres fueron asesinadas en menos de una semana en zona rural de Peque, Occidente antioqueño, una de ellas estaba embarazada y tenía 8 meses, su bebé también murió; en medio de esta confrontación armada más de 300 campesinos se han desplazado en de la zona rural del municipio.

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 Masacres

Según Indepaz durante los dos primeros meses de este año 2021, ya se han registrado 4 masacres en Antioquia que han dejado 15 víctimas en los municipios de Tarazá, Andes y Betania.   

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Respuesta de las autoridades

La Séptima División del Ejército aseguró que realizarán un desminado militar en la zona de Murindó ante el pedido de los indígenas y la autorización por parte de estos pueblos ancestrales.

Por su parte, desde la Gobernación de Antioquia “ante los hechos ocurridos en zona rural del municipio de Murindó, donde un menor quedó gravemente lesionado y dos personas más heridas a causa de una mina antipersonal, la Gobernación rechaza estos mecanismos que violan el Derecho Internacional Humanitario y afecta a una población de especial protección que son los menores de edad. El hecho activó una ruta de atención interinstitucional que permitió brindar un pronto acompañamiento en salud a las víctimas”.

Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y Noviolencia, señaló “condenamos de manera enfática el empleo de estas minas antipersonales por parte de grupos armados ilegales. Su actuar es una violación al derecho a la vida, integridad, seguridad, entre otros. Seguiremos trabajando con las autoridades competentes para que se lleve a cabo el desminado militar y, donde haya condiciones, el desminado humanitario. Todo el compromiso de esta administración con la Fuerza Pública y la Fiscalía para lograr la captura, judicialización y condena de los responsables”.

Estas acciones criminales están seguidas de concejos de seguridad extraordinarios, donde, en la mayoría de los casos, las conclusiones son similares: aumento de fuerza pública y recompensa por información de presuntos responsables de los hechos violentos.

¿Qué dicen los defensores de Derechos Humanos?

Óscar Yesid Zapata, defensor de Derechos Humanos de Antioquia aseguró que “hemos logrado identificar con el observatorio de la Corporación Sumapaz y de la Corporación Jurídica Libertad, cierto grado de sistematicidad en toda la violencia sociopolítica en el departamento, viene en incremento los homicidios selectivos contra líderes sociales, las masacres, los desplazamientos y otras formas de agresiones contra las comunidades”.

Para Zapata es preocupante “hay una omisión sistemática de todas las autoridades, un silencio vergonzoso por parte del gobernador de Antioquia y del presidente de la república frente a esta situación de vulneración, somos el departamento con mayor índices de asesinatos y masacres, desplazamientos y desaparición forzada”.

Zapata concluye que “probablemente hay un interés de algunos sectores políticos en Antioquia en el sentido que no se hacen las acciones concretas para el desmonte de grupos paramilitares, el silencio es condenable porque nos convierte en cómplices y responsabilizamos a la Gobernación de Antioquia porque de antemano saben de las alertas en los territorios y aun así no están atendiendo a las comunidades”.

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