Falta de protocolo

POR: ESTEBAN HOYOS CEBALLOS

Esta semana se conoció un proyecto de protocolo, elaborado por el Gobierno Nacional, para la atención de manifestaciones pacíficas y el control de disturbios. Al parecer este protocolo surgió en cumplimiento de una medida provisional en un proceso de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó al Gobierno, la Alcaldía de Bogotá y otras instituciones la elaboración de un informe que permitiera resolver el antagonismo entre la población civil y la fuerza pública en el desarrollo de las protestas sociales. Esto significa que el mencionado proyecto de protocolo no tiene nada que ver con las catorce órdenes que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dictó en la sentencia de tutela histórica conocida por el país la semana anterior y que protegió el derecho fundamental a la protesta pacífica. No puede pretender el Gobierno que con este proyecto de protocolo se den por cumplidas las órdenes y estándares fijados por la Corte Suprema en su decisión. 

Aunque el protocolo cita algunas normas constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos, el proyecto tiene problemas serios de constitucionalidad. Más que redactar un protocolo que garantice el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, el Gobierno elaboró un proyecto de resolución que condiciona y restringe el ejercicio de este derecho. Sólo por mencionar algunas cuestiones, el protocolo exige a los organizadores de las movilizaciones contratar una póliza de responsabilidad civil extracontractual. También prohíbe que los manifestantes puedan portar pinturas, capuchas o instrumentos que impidan la identificación de las personas. De acuerdo con esto, el uso de un tapabocas podría estar prohibido por el nuevo instrumento propuesto por el Gobierno.

Parece que el Gobierno Nacional no se ha tomado el trabajo de leer la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia. La protesta es un derecho fundamental y por tanto puede ser objeto de límites y restricciones. Sin embargo, la regulación específica del derecho y sus restricciones debe adoptarse a través de una ley estatutaria expedida por el Congreso. Ese es el propósito de este tipo especial de leyes en nuestra democracia constitucional y por ello la Constitución exige mayorías más estrictas para su aprobación, que el proyecto se discuta en una sola legislatura y que tenga una revisión previa por parte de la Corte Constitucional para verificar que se ajusta a la Constitución.

Finalmente, un buen protocolo sobre estas materias no puede elaborarse a espaldas de la ciudadanía, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos que serán sus principales destinatarios y quienes verificarán su puesta en práctica. Esto también fue parte central de la decisión de la Corte Suprema y este proyecto de protocolo lo ignora. La elaboración inconsulta del protocolo se suma a las declaraciones genéricas y atemporales del Ministro de Defensa que han resultado del todo insatisfactorias para las víctimas de la violencia policial y que están lejos de cumplir con los estándares internacionales sobre la aceptación de responsabilidades y disculpas públicas por parte de funcionarios. Esto demuestra, hasta ahora, la poca voluntad del gobierno Duque para cumplir con el fallo, como es su deber. Así que desde espacio insisto al Gobierno en la necesidad de cumplir de manera firme y de buena fe con la decisión de la Corte Suprema que protegió el derecho a la protesta pacífica en Colombia. 

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.