Pandemia, protesta y pobreza

No salí a marchar esta semana porque entiendo y me preocupa la grave crisis por la que atraviesa nuestro sistema hospitalario, con este nuevo y doloroso pico de la pandemia. Sin embargo, miles de ciudadanos pensaron diferente a mí y ejercieron legítimamente el derecho a la protesta. El ejercicio del derecho a la protesta es una opción como quien decide, por ejemplo, escribir una columna de prensa y así ejercer el derecho a la libertad de expresión.

Razones no faltan para salir a protestar: las sistemáticas violaciones de derechos humanos contra líderes sociales, el incumplimiento del Acuerdo de Paz, la política exterior de este gobierno en el tema de vacunas y la insuficiencia de la política social y económica. La cereza del pastel fue un intento de reforma tributaria que, si bien puede tener elementos valiosos comparado con anteriores proyectos, ha sido pobremente presentado, explicado y debatido. No puede el gobierno esperar que la ciudadanía y los sectores de oposición apoyen ahora una propuesta discutida a puerta cerrada con algunos partidos y gremios, que ni siquiera consiguió apoyo político del propio partido de gobierno.

Al panorama desalentador de esta semana se sumaron las cifras del DANE: 42,5 % de la población colombiana está en pobreza (6,8% más que en 2019). Aumentó también la pobreza extrema de 9,6% en 2019 a 15,1% en 2020. Pero lo más dramático de todo es el cierre, por lo bajo, de la brecha de pobreza entre el campo y la ciudad. La incidencia de la pobreza pudo ser mucho peor de no haber existido los programas de apoyo a las familias con menos recursos, algo que cabe destacar pero que es insuficiente para el tamaño de esta crisis, sobre todo en las ciudades. Estos números nos deberían movilizar como sociedad.

Algunos han sugerido que el derecho a la protesta debe suspenderse en tiempos de pandemia. Me aparto de tal idea. Como ha señalado el profesor de la Universidad Diego Portales en Chile, Domingo Lovera, el derecho a la protesta es un derecho fundamental que no puede suspenderse en tiempos excepcionales. Por el contrario, indica Lovera, son muchas las razones que llevan a la gente a protestar en estos tiempos: algunos lo hacen por las medidas adoptadas para contener la pandemia, y en las que se presentan reclamos legítimos respecto de las consecuencias que se siguen de las decisiones adoptadas por las autoridades. Otros protestan por antiguos conflictos sociales (piénsese en las movilizaciones de finales de 2019) que venían de hace muchos años y que la pandemia probablemente terminó por agravar. El derecho a la protesta, sujeto a regulaciones y límites como cualquier otro derecho, debe mantenerse vigente incluso en estos tiempos difíciles y no puede ser restringido ni reprimido injustificadamente por parte de las autoridades públicas.

Ahora bien, los hechos de vandalismo y el ataque contra bienes públicos y privados que vimos en algunas ciudades esta semana son inaceptables, no están protegidos por el derecho a la protesta y no constituyen un ejercicio legítimo del mismo. Las autoridades deben investigar y sancionar estas acciones. Pero tampoco legitiman un uso indiscriminado, desproporcionado e innecesario de la fuerza frente a manifestantes ni mucho menos una suspensión indefinida del derecho a protestar.

Debemos, como sociedad, renovar los repertorios de la protesta en estos tiempos (y ajustarnos a las restricciones que impone este virus cumpliendo con las medidas de bioseguridad); presionar por un ejercicio pacífico del mismo y exigir de las autoridades todas las garantías para su efectiva protección. Los hechos de violencia no deben distraer la atención del gobierno que debe interpretar y sobre todo actuar frente a los reclamos de las movilizaciones ciudadanas pacíficas y frente a las graves condiciones de pobreza que enfrenta la sociedad colombiana.

Esteban Hoyos Ceballos

Profesor de derecho constitucional

Universidad EAFIT

@ehoyosce

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