¿Quién entiende las prioridades del Congreso y la Procuraduría?

Por: Esteban Hoyos Ceballos
Twitter: @ehoyosce
Profesor de derecho constitucional
Universidad EAFIT

Avanza en el Congreso la propuesta traída de los cabellos que aspira a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el tema de la destitución e inhabilidad de los funcionarios de elección popular por parte de la Procuraduría.

Como dije en su momento, el proyecto es perverso porque no cumple con la decisión de la Corte, incrementa de manera inconveniente, injustificada y desproporcionada el poder de la Procuraduría; crea sin justificación nuevos cargos en la institución en tiempos de crisis económica, y potencialmente desconoce los derechos políticos de sectores minoritarios al asignar funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, pasando por alto lo dicho por la Corte IDH. En síntesis, el proyecto hace exactamente lo que la Corte IDH quiso evitar con su condena a Colombia en el caso Petro.

La Procuraduría ha querido justificar este exabrupto con dos argumentos. El primero, señalando que la atribución de funciones jurisdiccionales a esa institución no es un tema novedoso y que en sí misma la función disciplinaria es materialmente jurisdiccional, según la jurisprudencia constitucional. Esta es una tramposa leguleyada. Y lo es porque acá no estamos hablando de cualquier función jurisdiccional: hablamos de destituir, sancionar e inhabilitar a funcionarios de elección popular, y además hacerlo sin contar con los jueces y una sentencia judicial. Repito lo que he dicho sobre este tema: la Sentencia de la Corte IDH no habla de entregar funciones jurisdiccionales a la Procuraduría sino de que son los jueces, en un proceso con todas las garantías como es el proceso penal, quienes deben destituir e inhabilitar a los funcionarios de elección popular.

La Procuraduría parece defenderse de esta objeción señalando que los jueces administrativos en todo caso podrán revisar las decisiones adoptadas por la institución. ¿No es ésta una absurda duplicidad de funciones?, ¿por qué no permitir simplemente que los jueces sean quienes se encarguen de resolver este tipo de casos?, ¿por qué excluir a la rama judicial de esta conversación?

Como bien lo dijo el editorial de El Espectador del pasado viernes, la Procuraduría que se requiere no es la que se plantea en este proyecto inconstitucional; un proyecto que se aparta de lo dispuesto por la Corte IDH y la Convención Americana de Derechos Humanos, abriendo la puerta en el futuro para nuevas condenas internacionales contra el Estado colombiano.

Yo me pregunto, luego de más de un mes de paro en el país, ¿cuáles son las prioridades de este Congreso y de la Procuraduría?, ¿seguir incrementando el poder de este órgano de control?, ¿responder con más burocracia y sin análisis de fondo a los problemas de diseño de esta institución? ¿No debería el Congreso estar trabajando para responder a los reclamos legítimos de la ciudadanía en las calles?, ¿no debería la Procuraduría estar investigando y sancionando a los miembros de la fuerza pública que han cometido excesos en el control de la protesta ciudadana?

En medio de este paro, la Procuraduría —con el apoyo del Gobierno— y el Congreso vandalizan los derechos políticos, tal como han sido protegidos por el sistema interamericano de derechos humanos. Este proyecto de ley es una reafirmación arbitraria del poder de estas instituciones, pasando por encima del texto y el espíritu de la Convención, de las sentencias interamericanas en la materia, y de la doctrina especializada. Y no faltan quienes se preguntan por qué continúan el paro y la movilización ciudadana.

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