“Yo elijo a mi propio juez”

Esta semana El Espectador dio a conocer un proyecto de decreto en el que el Gobierno Nacional pretende modificar la norma que actualmente regula el reparto de las acciones de tutela en el país. El proyecto contempla varias modificaciones, pero hay una que llama la atención: las tutelas dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República deberán ser conocidas, en adelante, por el Consejo de Estado en primera instancia (hoy en día lo son por los Tribunales Administrativos, Tribunales Superiores del Distrito Judicial y en algunos casos por Jueces del Circuito o con igual categoría).

Este cambio propuesto es problemático y refleja algo de lo que me he ocupado en muchas columnas: el desprecio sistemático por las formas jurídicas que tiene el gobierno de Iván Duque.

La propuesta aparece luego de varias decisiones adversas que ha tenido el Gobierno ante juzgados y tribunales del país. Pienso en casos como la tutela en defensa de los derechos de los líderes y lideresas sociales, las sentencias de la rebelión de las canas, el fallo que protegió de forma estructural el derecho a la protesta. La lista es extensa. Los jueces constitucionales se han tomado en serio la Constitución y han dado órdenes concretas al gobierno Duque encaminadas a proteger los derechos fundamentales.

Es inevitable entonces pensar que este Gobierno, fiel a su estilo, quiera escoger ahora su propio juez de tutela. En otras palabras, lejos de pensar en los problemas de la administración de justicia constitucional, al Gobierno le preocupa su propio interés. Pero así no funciona una verdadera democracia, no se pueden cambiar las reglas para el propio beneficio.

El borrador de decreto es un proyecto centralista que concentra en el Consejo de Estado el control judicial de las actuaciones del ejecutivo. Si al Gobierno en realidad le preocupa —como dice el proyecto de Decreto— la desconcentración de la administración de justicia, no estaría concentrando el ejercicio del control en cabeza de una sola institución. Resulta paradójico también que el proyecto señale en sus considerandos que el control de las acciones presidenciales debería estar en cabeza de las altas cortes, pero luego solo hay una que le funciona al Presidente para esa tarea y es el Consejo de Estado.

Por último, no debemos olvidar el contexto en el que la propuesta tiene lugar: este gobierno se ha empeñado en controlar todos los organismos de control, valga la redundancia; y cuenta con aliados en cabeza de la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. El sistema de controles está a todas luces capturado por el ejecutivo y cada día vemos con preocupación cómo se utilizan estos organismos con evidentes fines políticos, para perseguir a opositores y detractores o beneficiar aliados.

Debería ser el Congreso, a través de una ley estatutaria, el que se ocupe de regular las cuestiones relativas al juez competente, acceso y procedimientos en materia de la acción de tutela, pero ese será tema de otra columna.

Este proyecto de decreto inconstitucional es una forma vergonzosa de evadir los controles judiciales en el Estado Social de Derecho. No son los jueces o tribunales el problema; el problema es este gobierno que ha desconocido de manera flagrante derechos fundamentales, que irrespeta de forma sistemática la independencia de la rama judicial, que ha capturado el sistema de controles y tiene un total desprecio por las formas jurídicas.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.